Entrevista a Thelma Aldana
Entrevista a Thelma Aldana
La siguiente es una transcripción de la entrevista a Thelma Aldana hecha por Glenda Sánchez y publicada en Prensa Libre el martes 6 de febrero 2018 en la página 6 y 7 de este medio impreso.
“Esta lucha es irreversible”
Actualidad / Justicia
Entrevista Thelma Aldana, Fiscal General [17-Mayo-2014 al 16-Mayo-2018]
El congreso debe legislar en contra de la impunidad y no a su favor.
Fiscal Aldana confiesa que al asumir el cargo desconocía la magnitud de la corrupción en el Estado, que cada caso le sorprende y rechaza cualquier sesgo ideológico en esta lucha.
Por Glenda Sánchez gsanchez@prensalibre.com.gt
A tres meses de finalizar gestión, la Fiscal General culpa a la vieja política de fomentar la corrupción.
Apoco más de tres meses de finalizar su gestión al frente del Ministerio Público, la fiscal general, Thelma Aldana, asegura que es la población la que debe exigir la continuidad de la lucha contra la corrupción, que ella misma llegó al cargo sin conocer la dimensión de este flagelo y que las instituciones como el Congreso deben centrarse en crear leyes que faciliten el combate del delito, como la ley de aceptación de cargos, “en lugar de buscar aprobar decretos de impunidad”.
Durante una entrevista concedida a Prensa Libre, en una coyuntura de señalamientos a favor y en contra de su gestión, Aldana explica cómo ha sido el trabajo junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Algunos sectores señalan que hay una persecución judicial selectiva.
Justicia selectiva tiene que haber. Investigación selectiva tiene que haber, porque lo que investigamos son fenómenos criminales y nos enfocamos en casos. Si estamos investigando la corrupción, es una investigación selectiva en cuanto al fenómeno criminal, pero no buscamos personas, jamás hemos buscado personas. En eso tenemos objetividad.
El 19 de enero surgió una declaración de que venían diez casos antes del final de su gestión. ¿Cómo saber cuántos vienen si Ud. ha dicho que cada caso tiene su propio tiempo?
Los casos van avanzados y tienen el momento exacto en que se llevan a los tribunales, y depende de la agenda de los jueces. Por ejemplo, si tenemos un caso para la otra semana y el órgano jurisdiccional dice “mi agenda no permite que los escuchemos, vengan dentro de 15 días”, bueno, será dentro de ese tiempo. Y si ya se tienen las órdenes de captura y la Policía nos dice “en esa fecha no puedo porque tengo que hacer una requisa, podemos tal fecha”. No podemos manejar fechas. Tenemos varios casos en investigación con la Cicig. No son diez, son más.
Los detractores del MP y de la Cicig cuestionan la presentación de casos en conferencias de prensa.
En los casos de MP y Cicig los damos a conocer el comisionado y yo, y en ocasiones el ministro de Gobernación. En los demás casos salen la licenciada Mayra Véliz y Ana Elena Guzmán. Nos repartimos el trabajo.
En el tema de la presunción de inocencia ¿cómo se justifican los pedidos de prisión preventiva como en los casos presentados por la Fiscalía Anticorrupción?
Hay que tener claridad y comprender la diferencia entre prisión preventiva y el principio constitucional de presunción de inocencia. La presunción de inocencia tiene que ver con el trabajo de los jueces. Es el juez quien debe tenerla clara.
La prisión preventiva depende de cada caso en particular. No todos los casos son de mayor riesgo. Hay una competencia ampliada respecto de los jueces de la jurisdicción ordinaria penal porque hay casos donde intervienen estructuras criminales de tal magnitud que ponen en peligro la vida de los jueces, los fiscales y de los mismos procesados. La Cámara Penal declara con lugar la solicitud y a partir de allí estamos en mayor riesgo.
Eso quiere decir que quienes están sujetos a este proceso penal en su mayoría deberían estar en prisión preventiva. No debería enfocarse — la atención — en solo en estos casos — por corrupción — , y es que hay más de 20 mil personas en prisión preventiva.
¿Existiría una opción en la ley para tratar los casos de mayor riesgo y evitar lo que algunos temen, que es la exposición mediática?
Yo se los preguntaría a ustedes, porque lo mediático no lo manejo yo, ni el comisionado. Lo manejan ustedes. Y vean lo que pasó el sábado con las diligencias del fin de semana. Todos se preguntaban ¿por qué las diligencias en secreto? ¿Por qué no hay conferencia de prensa? Es difícil explicar lo que se está haciendo. Nosotros llamamos a una conferencia de prensa por transparencia y ya es el medio de comunicación el que decide si lo da a conocer o no.
“Mi mensaje para el Presidente, sería que acompañe al Fiscal con determinación y enfoque a la lucha contra la corrupción”
Se habla de la posibilidad de un modelo de aceptación de cargos o delitos. ¿Cuáles son las ventajas y desafíos? ¿Cree que se podría aplicar?
Claro, en lugar de aprobar leyes de impunidad, el Congreso debería analizar este tipo de proyectos, porque la aceptación de cargos permite a la persona indicar que acepta los hechos y cuándo han sucedido. Le da la ventaja de que permite aplicar a una rebaja de la pena. Actualmente una persona acepta el cargo y los beneficios son menores.
La aceptación de cargos, incluso en otros países, está demostrado que contribuye al desahogo del sistema de justicia penal, en casos que no son de alto impacto, sino en delitos menos graves. Ese desahogo permite que jueces y fiscales nos dediquemos a casos de alto impacto en el país.
En la coyuntura actual, ¿cuál sería el mensaje que dejaría en esta fase final de su gestión al sector empresarial organizado?
Yo no le daría un mensaje a un grupo determinado, sino a todos los habitantes por igual. El mensaje sería que nadie es superior a la ley.
Han sido evidentes las diferencias entre el presidente Morales con el MP y la Cicig. ¿De qué hablaría con Morales, si se diera el caso?
A estas alturas, lo que le entregaría es mi memoria de labores. Ya estoy en fase de cierre de mi periodo, y ese sería el mensaje, pedirle que acompañe al próximo fiscal general con determinación, con enfoque verdadero hacia la lucha contra la corrupción.
Si la Cicig terminara su mandato en los próximos dos años, ¿cuál debería ser la prioridad?
Fortalecer la institucionalidad en el Organismo Judicial, en el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Policía, el Inacif, el Ministerio de Gobernación, en fortalecer la independencia en el sistema de Justicia. Me parece que estamos muy lejos.
¿Cuánto tiempo más calcula que debería estar la Cicig en el país?
Los guatemaltecos deberían meditar y saber que es en el sistema político y en los partidos políticos donde hay que poner la atención, para que no se repitan elecciones como las que se dieron en el Congreso de la República. Entonces, cuando pensamos si estamos listos para que se vaya la Cicig en 2019, de todo el Estado y de todo el sistema, el que está mejor preparado es el MP. Yo no sé si el resto del Estado y la población misma están dispuestos a involucrarse y
Exigir transparencia. Es importante preguntarse por qué vino la Cicig. Porque el Gobierno de Guatemala llegó ante Naciones Unidas a reconocer que hay aparatos clandestinos y estructuras criminales incrustados en el Estado guatemalteco, y que aquellos Ciacs — Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad — mutaron y se convirtieron en redes político-económico ilícitas. Los casos que se han investigado lo dicen con claridad. De tal suerte que ese reconocimiento del Estado guatemalteco fue que el propio Estado no habría podido atacar ese flagelo.
¿Cuál es la situación de esas redes incrustadas en el Estado?
Hemos avanzado un poco en la desarticulación, pero aún permanecen. Tienen la capacidad de reorganizarse. Si logramos la detención de altos mandos, inmediatamente sustituyen a esas personas. Por eso el MP ha trabajado intensamente la Extinción de Dominio, para atacar la economía de estas estructuras criminales y que ese dinero ilícito vuelva al verdadero dueño, que es el Estado de Guatemala.
“Hemos desarticulado del 2014 al año pasado 131 estructuras criminales en general, y también hemos logrado salvar mil 800 vidas”.
¿Hay conexiones entre esos grupos o estructuras criminales?
Sí, a veces hasta rivales son, y en otras se prestan colaboración. Lo que debemos entender es que ellos no tienen fronteras, mientras que los sistemas de justicia tenemos que actuar en base en asistencias y solicitudes que deben cumplir requerimientos legales, y el crimen organizado se mueve con mucha facilidad en nuestros países.
¿Cuáles son los principales avances durante su gestión?
Tenemos la lucha contra las extorsiones. Está vinculada con una fiscalía especializada, instalada en 2014. Cuando yo tomé posesión sabía que la extorsión era un delito que habría que perseguir de manera selectiva. A través de esa fiscalía se han desarticulado grandes estructuras.
Además hay avances en la mora, que alcanzaba los un millón 800 mil expedientes en cola. De esa cantidad se resolvieron o depuraron más de 676 mil 358.
¿Cómo recibió la salida del ministro de Gobernación Francisco Rivas?
Me sorprendió mucho, pero los equipos operativos seguimos trabajando, coordinando con el viceministro Kamilo Rivera.
¿Se ha comunicado con usted el ministro actual, Enrique Degenhart?
Al ministro no lo conozco. Yo asumo que él está preparando su despacho, así que espero que pronto se comunique. Hasta el día de hoy, no.
¿Qué sentimiento le causa la corrupción?
Para mí es la desviación del ejercicio del poder público asociado con intereses privados.
Desafortunadamente, en Guatemala — la corrupción — ha sido la regla y no la excepción. Cuando la corrupción es la excepción podemos enfocar mejor nuestros esfuerzos para combatirla.
En Guatemala ya debimos haber comprendido que esta lucha es irreversible, que no hay posibilidades de volver al Estado criminal que dejó el Partido Patriota, un partido que se había criminalizado antes de asumir el poder, y lo digo con propiedad porque las investigaciones así lo demostraron.
Existen opiniones de sectores que intentan justificar la situación diciendo que, pese a la corrupción, el país funcionaba. ¿Qué les diría?
Funciona, sí, pero miremos nuestros niveles de pobreza, de falta a acceso a los servicios básicos, la existencia de los grupos vulnerables porque no tienen acceso a la salud, a educación en condiciones dignas. Más bien íbamos caminando sin esperanza.
¿Aunque usted misma citó al PP en estas estructuras, hemos visto en los casos redes anteriores. ¿Se van a investigar gestiones anteriores al PP?
Yo creo que a partir de la apertura democrática en el país, por acción y omisión la clase política tradicional, o la vieja política, es responsable del diseño de corrupción que se ha incrustado en el Estado.
Investigar desde la época de los 90 es difícil. Yo respondo por mis cuatro años, no puedo responder por los demás fiscales y demás jefes del Ministerio Público o jueces. Difícilmente vamos a encontrar en estos momentos escuchas que se pudieron dar en el partido de la UNE o Gana, FRG u otros; por eso insisto: respondo por mis cuatro años.
También se argumenta que la lucha contra la corrupción es positiva, toda vez no afecte la economía.
Yo platiqué con el fiscal antimafia en Italia, hace un año, y le decía qie en Guatemala están manejando la distorsión de que la lucha contra la corrupción contrae la economía. Me contestó: “La mafia italiana utilizó el mismo argumento cuando empezó la lucha contra ellos”. La respuesta es que se necesita transitar hacia una cultura de legalidad.
Con todo lo que ha visto en partidos políticos y dirigentes, ¿le gustaría participar en política?
En estas condiciones es sumamente difícil. Me parece que no hay posibilidad de que los dirigentes que han estado arraigados a los partidos cedan espacios a otras personas.
También se señala al MP y a la Cicig de que tienen una agenda ideológica. La corrupción no tiene ideología.
En Guatemala, que yo recuerde, no ha hecho gobierno desde la apertura democrática ningún partido de izquierda. En otros países donde habido gobierno de izquierda han sido evidentes los casos de corrupción. Entonces nos damos cuenta de que roba igual la izquierda que la derecha; no hay ideología para la corrupción.
De la misma manera, no hay ideología para el sistema de justicia.
“Investigar desde la época de los 90 es difícil. Yo respondo por mis cuatro años, no puedo responder por los demás fiscales”.
¿Qué consejo le da a quien quede en su puesto?
Que sea independiente.
¿Qué diferencia hay entre la Thelma Aldana que llegó al MP y la actual?
Yo no conocía la magnitud de la corrupción en el país. Se convivía con muchas personas que ahora están presas, no sabíamos que formaban parte de estructuras criminales. ¿Cómo estábamos funcionando?
De todos los casos de corrupción, ¿cuál le impactó más?
Desde luego, fue lo que me abrió el panorama para conocer la profundidad de la corrupción, pero un caso reciente, el que está relacionado con el intendente de la Superintendencia Jurídica de la SAT, que contrata a un abogado, pagándole la SAT para demandar a la SAT, me parece algo inconcebible. Y es que cuando uno cree que lo ha visto todo en tema de corrupción se da cuenta de que de repente no ha visto mucho. La Línea
Usted dijo “si llego con vida al 16 de mayo”. ¿Teme usted por su vida?
Actualmente tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por amenazas de muerte. Cuando la Comisión decreta la medida hace una investigación profunda y determina si da las medidas cautelares. Yo las tengo.
¿Son constantes las amenazas?
Siempre hay amenazas, porque cada día se avanza más contra criminales de alto perfil. Eso ya es una amenaza, son enemigos que se tienen que generalmente la emprenden contra los investigadores, en lugar de ir a los tribunales para solventar su situación.
Fuentes: