CC: La dictadura de un organismo que no nos representa

Como dice aquel viejo refrán: El poder corrompe, y el poder absoluto, corrompe absolutamente. Igualmente dice otro refrán: En arcas abiertas, hasta el justo peca. La soberanía radica en la ciudadanía, quien la delega a sus gobernantes mediante el voto, y como humanos, reconociendo que el poder sin límites corrompe, creamos reglas para que no sea abusado, reglas plasmadas en la constitución, dividiendo el estado en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; estableciendo períodos de tiempo para ostentar el poder, y siendo puntuales en que el poder radica en las instituciones, no así en las personas…

…lamentablemente se ha distorsionado por completo este concepto, la Corte de Constitucionalidad es un organismo que no debería existir en esta república, sin embargo, fue agregado a la constitución, su fin debía ser el de consulta constitucional, interpretación, jamás el de dictar sentencias o dirigir alguno de los poderes del estado, puesto que no cuenta con la legitimidad de un voto popular, en otras palabras, el pueblo NO le delegó nunca el poder mediante el voto.

En los últimos cuatro años, la Corte de Constitucionalidad ha demostrado servir los intereses de agendas ideológicas y económicas de terceros, abandonando totalmente su labor de consulta e interpretación constitucional, traicionando por completo al pueblo de Guatemala.

Con anterioridad hemos visto cómo la Corte de Constitucionalidad socavó las funciones constitucionales del Ejecutivo en temas de relaciones exteriores, el día de hoy vemos como la Corte de Constitucionalidad vuelve a violar por completo su función al socavar las funciones constitucionales del Legislativo y el Ejecutivo en torno a la Ley de ONGs, velando por la opacidad y corrupción de estas organizaciones y brindándole al ilegítimo Giammattei la oportunidad de oro de lavarse las manos para evitar el desgaste de vetar la ley.

Esta no sería la primera vez que la Corte de Constitucionalidad viola la misma constitución que debería interpretar, acá comparto un listado de las violaciones que fue publicado en la Revista C4 Año 11 No. 95:

1. Se atentó contra la independencia judicial al impedir que el presidente electo en el 2018 ejerciera sus funciones y se negoció con dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se promoviera una nueva votación.
2. Se anuló el nombramiento de varios gobernadores departamentales y se ordenó actos contrarios a lo establecido en la Constitución, impidiendo la UNE, en el primer año del presidente Morales, nombrar a los gobernadores tal como la constitución se lo garantiza y permite.
3. Se impidió la ejecución de la declaratoria de -non grato- del ex Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, hecha por el Presidente de la República, basándose en la convención de Viena.
4. Ordenó al Congreso de la República dejar de cumplir su función para aprobar leyes, en varias oportunidades.
5. Limitó a las facultades de la cancillería guatemalteca, llegando al extremo de pedirle que suprimiera párrafos de notas diplomáticas, que advertían al ex Comisionado Iván Velásquez Gómez para que dejara de inmiscuirse en asuntos internos.
6. Retardo malicioso en asuntos judiciales, que finalizó con suspender la licencia de operación de la Mina San Rafael, sin respetar criterios expresados en sentencias anteriores de esa misma Corte.
7. Retardo malicioso en expedientes relacionados con las minas “El Tambor” y “La Puya”, las cuales tienen suspendidas sus operaciones por más de dos años.
8. Debido al retardo malicioso en sus resoluciones, el Estado de Guatemala, enfrenta demandas por más de dos mil millones de quetzales por la suspensión de las minas en “San José del Golfo” y “San Pedro Ayampuc”.
9. Retardo malicioso por más de diez meses en resoluciones de expedientes que atentan contra de la independencia de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta.
10. Suspensión arbitraria, injustificada y sin base legal de la integración plena de esa Corte, la cual impide la toma de posesión del Doctor en Derecho, Conrado Arnulfo Reyes Sagastume, como Magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, electo por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
11. Resolución ilegal para mantener en el país al Embajador de Suecia, Anders Kompass, quien abusa de su cargo e inmunidad diplomática para facilitar la actividad de grupos desestabilizadores en contra de la libertad de los guatemaltecos.
12. Suspensión arbitraria del proceso Constitucional de las Comisiones de Postulación para elaborar lista de Magistrados de la Corte Suprema de justicia y de las salas de la Corte de Apelaciones, para el período del 13 de octubre 2019 al 12 de octubre 2024.
13. Alteró los estatutos del Instituto de Jueces y Magistrados para conformar más de una planilla de candidatos. Presionó para elegir a sus delegados ante la Comisión de Postulación para listados de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia del período 2019 al 2024.
14. Orden ilegal y arbitraria de la prórroga de funciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de la Corte de Apelaciones, para período posterior al 12 de octubre del 2019, fecha en la que constitucionalmente deben cesar en sus cargos dichas autoridades.
15. Apoyo político con resoluciones judiciales en expedientes de amparo para que la hoy procesada y ex candidata presidencial, Sandra Julieta Torres Casanova, pudiera participar en el proceso electoral del 2019.
16. Extralimitación y manipulación del expediente de amparo que limitó y retrasó al Estado de Guatemala, la suscripción pronta y oportuna con el Gobierno de los Estados Unidos de América, del “Acuerdo relativo a la cooperación, respecto al examen de solicitudes de protección”.
17. Dejar asumir a diputados sin finiquito, violando la Ley de Amparo, Ley de Probidad y la Constitución. El precedente es que ahora cualquier alcalde, concejal, diputado, contratista de obra pública, podrá asumir un cargo público, hasta que no sea derogado dicho amparo ilegal.

Ahora bien, es de recordar que la soberanía radica en la ciudadanía, quien da su consentimiento para que quienes nos representan, legislen y actúen a favor del pueblo, somos nosotros el contrapeso, ninguna persona, corte u organismo debe sobrepasar sus límites y violar nuestra soberanía, sí se puede, sólo es de organizarnos y recordar que la soberanía es nuestra.