En Guatemala existió un conflicto armado interno, uno que inició cuando un grupo de personas del mismo Ejército de Guatemala decidieron luchar por un ideal, convirtiéndose eventualmente en las Fuerzas Armadas Rebeldes. Durante dicho conflicto, estos líderes del movimiento terminaron siendo remplazados por grupos ideologizados y dirigidos desde “una isla tropical”, cambiando su nombre a Fuerzas Armadas Revolucionarias, marcando el inicio de matanzas sin sentido.
Durante este conflicto, el Ejército de Guatemala recibió la orden de proteger y ayudar a las comunidades nacionales en peligro de ser arrasadas por estas guerrillas, siendo esta orden la prueba fundamental que destruye por completo la falsa narrativa de supuestos actos de genocidio en el país. El ejército además de proteger a las comunidades, ayudó al entierro de las víctimas, con entrenamiento y armas para la autodefensa. Años después, con la presión de la comunidad internacional, el presidente de Guatemala firmó acuerdos de paz que no fueron del agrado de los civiles que sufrieron los embates de la guerra, y aún con una consulta popular que le dijo NO a dichos acuerdos, estos se impusieron de facto.
El resultado de estos acuerdos fue la creación de cientos de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que iniciaron toda una industria de resarcimiento, desde las ONGs encargadas de realizar “la comisión de la verdad” o “Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI)” que dio como resultado informes sesgados y distorsionados, ONGs que supuestamente se encargan de recabar evidencia forense sin que se pueda corroborar sus “hallazgos”, grupos de DDHH que nunca han velado por otros que no hayan sido excombatientes guerrilleros, etc.
Con fuerte influencia y financiamiento de la comunidad internacional, fueron colocando a actores clave dentro de todo el sistema de justicia, fiscales, jueces, magistrados y demás, llegando a tener cooptado todo el sistema de justicia, quien dentro de estas instituciones se les oponga, es inmediatamente investigado y procesado por delitos que no cometen, creando una era de terror dentro del sistema de justicia.
Una vez instaurado este sistema de terror dentro del sistema de justicia, iniciaron los juicios contra sus enemigos ideológicos, del 2005 al 2018 han extraído del estado de Guatemala Q752,674,602.37 (~$97,749,948.36) sólo en resarcimientos, sin tomar en cuenta los gastos administrativos. Si usted devengara un sueldo de Q8,000.00 al mes, necesitaría vivir 1,018 años para llegar a esa cantidad, ¿Cuántas escuelas, hospitales y carreteras se hubieran podido construir con ese dinero? ¿Qué de positivo deja esto al país?
Año | Monto Total |
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2005 | Q3,233,600.00 |
2006 | Q103,343,600.06 |
2007 | Q161,008,911.16 |
2008 | Q187,049,184.31 |
2009 | Q89,066,956.59 |
2010 | Q34,832,222.22 |
2011 | Q33,665,048.67 |
2012 | Q15,577,085.71 |
2013 | Q58,663,405.16 |
2014 | Q16,926,059.33 |
2015 | Q11,258,455.36 |
2016 | Q12,297,440.06 |
2017 | Q4,519,859.19 |
2018 | Q21,232,774.55 |
Total | Q752,674,602.37 |
Lamentablemente, esta cifra no revela el verdadero total de los gastos en resarcimiento, ya que no se tiene datos de años anteriores al 2005, así también, no se ha auditado en su totalidad los datos del 2016, según reportó la fuente en su informe de libre acceso a la información:
¿Le parece correcto y justo que el Estado de Guatemala tenga que resarcir a terceros en vez de construir un futuro para Guatemala?
Esto es una burla a nuestra dañada económica, los resarcimientos yaon un premio a los que nos tuvieron de rodillas en la épicas 70s y 80s con el terrorismo aplicado a los civiles, es un deshonrra y para las victimas de las victimas de los guerrilleros, se debe firmar la 5277